La profunda crisis económica y de inseguridad que atraviesa el Ecuador, provocó una respuesta popular en las calles: el Paro Nacional 2025. Esta jornada de lucha tuvo como principal demanda la derogatoria del Decreto 126, que incrementó el precio del combustible diésel y generó un aumento inmediato del costo de vida en el país.

Ante este escenario, diversas organizaciones sociales anunciaron movilizaciones indefinidas en septiembre de 2025. Entre ellas, el Frente Nacional Antiminero (FNA) confirmó su adhesión al paro nacional el 19 de septiembre, en defensa de los territorios amenazados por la expansión minera. 

Sin embargo, incluso antes de que las movilizaciones iniciaran, el Estado respondió con persecución. Desde el 18 de septiembre de 2025, el gobierno de Daniel Noboa puso en marcha una campaña de criminalización contra las organizaciones populares del país bajo una nueva forma de persecución denominada “asfixia o acoso financiero”.

Como parte de esta ofensiva, una lista de 61 personas —dirigentes y ex dirigentes sociales, ecologistas, comunicadores sociales, académicos, técnicos y defensoras y defensores de derechos humanos—, entre ellas 16 integrantes del Frente Nacional Antiminero, fueron sometidos a procesos judiciales por el presunto delito de “enriquecimiento privado no justificado”. De manera paralela, se bloqueó las cuentas bancarias personales de varios procesados, sin orden judicial ni justificación administrativa alguna. Un mes después, ante la ausencia total de pruebas y el colapso de las acusaciones iniciales, el Gobierno amplió los cargos incorporando la figura de “financiamiento de terrorismo” para acallar nuestras voces.

Cuatro meses después del inicio de esta persecución, y pese a que la defensa legal ha demostrado la inocencia de las personas acusadas y aunque instancias judiciales han ordenado el desbloqueo de las cuentas bancarias, el acoso y la asfixia financiera persisten. Esto se ha concretado con el cierre definitivo y unilateral de las cuentas bancarias de al menos 8 luchadores sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, una medida arbitraria que vulnera derechos fundamentales y busca intimidar, estigmatizar, acallar las voces incómodas para el poder corporativo y debilitar a la organización popular.

Frente a esta grave situación, denunciamos que la criminalización no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática del Estado para silenciar a quienes defienden la vida, los territorios y los derechos colectivos.

Por esta razón, hemos decidido impulsar la campaña SIN DEFENSORES NO HAY DERECHOS, con el objetivo de visibilizar esta injusticia contra nuestras hermanas y hermanos y exigir el cese inmediato de todas las formas de persecución contra las defensoras y defensores de la naturaleza. Seguiremos en pie, en unidad y resistencia, porque ningún decreto, amenaza o montaje judicial detendrá la lucha histórica de los pueblos por la justicia social y ambiental.