Una serie de audiencias judiciales reveló que el congelamiento de cuentas a más de 50 activistas y organizaciones se sustentó en informes de inteligencia declarados secretos por 10 años. El caso se inscribe en un contexto de creciente criminalización contra los defensores de derechos humanos en Ecuador.
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El pasado 6 de noviembre se desarrolló una llamativa audiencia. El juez anticorrupción Jairo García convocó a 16 defensores de derechos humanos y organizaciones, cuyas cuentas bancarias habían sido congeladas por orden de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). En septiembre pasado, decenas de activistas denunciaron el bloqueo de sus cuentas sin haber sido notificados y sin conocer las causas, en medio del paro convocado por el movimiento indígena.
El juez pidió que en esa diligencia comparezca el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -antes conocido como CIES- para que “exponga o entregue” al juez de forma reservada “los argumentos, reportes de operaciones sospechosas, alertas tempranas, denuncias o cualquier otra información que posea, relativa a indicios objetivos, graves y verificables que evidencien posibles operaciones inusuales o vinculadas a delitos financieros”, respecto a las personas que se les había inmovilizado sus fondos, dice la convocatoria a la audiencia.
Pero el día de la diligencia esto no ocurrió. La abogada del CNI hizo una exposición corta en la que mencionó que dicha información fue declarada por la máxima autoridad como secreta. Es decir, estará clasificada por diez años, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Según esta norma, el CNI tiene la facultad de clasificar esta información después de una resolución motivada en este caso de Michele Sensi Contugi Ycaza, actual director del CNI.
Esto lo recuerda Mario Melo, asesor legal de la Fundación Pachamama, quien estuvo presente en esa audiencia. Pachamama fue una de las afectadas con esta medida y ha denunciado públicamente el uso de informes de inteligencia declarados “secretos” para bloquear cuentas de, al menos, 50 personas, organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas. “En Ecuador no ha pasado que se tome una medida cautelar y no se diga los hechos (…) Si no se puede saber cómo se presenta una defensa”, dice el jurista para quien este tipo de procesos son inválidos y en sí mismo son una violación de derechos humanos.
Los casos de estas 50 personas se dividieron en aproximadamente 10 procesos que fueron conocidos por jueces anticorrupción, que convocaron a distintas audiencias. Pero los nombres de algunos de los involucrados se repetían en varios de los procesos, es decir llegaron a tener hasta una doble orden de bloqueo, recuerda un abogado que estuvo en tres de estas audiencias que se desarrollaron en noviembre, pero prefirió el anonimato. “Esto es ilegal”, sostuvo el mismo jurista.
En estas audiencias estuvo también la defensa de la UAFE, quien reiteró la confidencialidad de dicha información y defendió la medida. Los abogados de los afectados, en cambio, sostuvieron que era desproporcionada y arbitraria.
El juez García solicitó esta información para verificar si “los presupuestos que motivaron la inmovilización de activos” seguían vigentes o no. Sin información y sin hechos, el magistrado resolvió revocar el bloqueo de las cuentas de los activistas.
En esos mismos días, se pronunció Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien dijo: “Las salvaguardias destinadas a prevenir el lavado de dinero nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones de la sociedad civil por su trabajo o detener protestas pacíficas”. Y agregó: “Estos mecanismos deben utilizarse para combatir al crimen organizado, no a los grupos ambientalistas”.
La ley que pone en vilo a los defensores
Defensores de derechos humanos consultados por Plan V coinciden en que su labor es cada vez más riesgosa. No solo por las amenazas del crimen organizado como explicó este portal en la primera parte de esta serie, sino porque esas presiones también vienen del Estado.
Entre septiembre y octubre pasado, la Conaie convocó a un paro contra la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. En ese contexto, la Fiscalía procesó o inició investigaciones penales contra, al menos, 83 personas durante el paro, de los cuales el 98% no tenía antecedentes penales, según un reportaje previa de Plan V.
De ese grupo, se encuentran 61 personas que son investigadas por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Entre ellas constan dirigentes, exdirigentes o representantes de, al menos, 27 organizaciones principalmente ambientalistas o indígenas, además de presidentes de juntas parroquiales o de comunidades indígenas de la Amazonía y Sierra, según el levantamiento de información que hizo Plan V.
Ellos son algunos de los afectados también por el bloqueo de cuentas. Durante semanas, denunciaron que el congelamiento de sus cuentas había superado el plazo que establece la Ley de Transparencia Social, que es de ocho días. El abogado Melo relata que, cuando estaba por caducar la orden, el juez anticorrupción ratificó el bloqueo sin conocer los hechos y solo después llamó a la audiencia del pasado 6 de noviembre.
La Ley de Transparencia Social entró en vigencia el 28 de agosto pasado para aumentar los controles a las organizaciones. Uno de sus artículos más polémicos permite la inmovilización de fondos, sin una orden judicial, después de que la UAFE identifique una operación sospechosa vinculada a posibles delitos financieros. Esta medida es excepcional y debe limitarse al monto equivalente de las transacciones inusuales. Pero en el caso de Pachamama y otras organizaciones el congelamiento de sus cuentas fue total.
Melo explica que el bloqueo de las cuentas tuvo un “impacto brutal” en la Fundación Pachamama, que tuvo que desvincular al 75% de su personal y destinar casi todos sus esfuerzos a defenderse del propio Estado. Lo mismo sucedió con otras organizaciones que detuvieron sus programas educativos, de salud y de protección del medio ambiente, dice el informe de HRW.
A pesar de que obtuvieron fallos judiciales favorables, tampoco recuperaron sus cuentas de manera inmediata como lo informaron la Fundación Alianza Ceibo, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU) y la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el pasado 19 de noviembre. En su caso, el juez anticorrupción Vicente Fernando Hidalgo Maldonado aceptó la solicitud de las organizaciones de revocar la medida de la UAFE a la que el magistrado la consideró como injustificada. Pero recuperaron sus cuentas solo después de que el juez insistiera a la Superintendencia de Bancos.
Otro afectado fue Luis Jacobo Corral, quien es parte del Frente Antiminero, que reúne activistas y organizaciones que se oponen a la minería a gran y mediana escala porque, para ellos, estos proyectos tendrá impactos irreversibles en la Naturaleza y en los derechos colectivos en las zonas donde se desarrollen. Corral explica que, desde el 2024, el Gobierno ha tratado de vincularlos con la minería ilegal y la delincuencia.
Él y otros 16 compañeros suyos están enfrentando investigaciones previas por los presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y de financiamiento del terrorismo. Afirma que, en su caso, sus ingresos los pasaba de una cuenta a otra de ahorros con intereses. Pero la UAFE contabilizó ese monto dos veces y no una, lo que hizo que sus ingresos se duplicaran. “Hay una persecución estatal y política”, sostiene el activista, que recuperó sus cuentas después de la resolución del juez anticorrupción.
La criminalización de los defensores se recrudece
El bloqueo de las cuentas bancarias de organizaciones y activistas es solo un episodio más de la falta de garantías para su trabajo. El informe La lucha por la libertad, la dignidad y la vida: Diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos en el Ecuador, que Cáritas Ecuador y FIAN publicaron en junio de este año, detalla los principales obstáculos que enfrentan los defensores. Para ello realizó encuestas a 246 defensores.
1. Persecución. Según el informe, el 46% de las personas defensoras encuestadas aseguró conocer personas que han sufrido alguna forma de acusación o persecución por su labor de defensa, protección y promoción de los derechos. Estas agresiones provienen de empresas estatales y privadas vinculadas a actividades extractivas, agroalimentarias o de construcción. Asimismo, los defensores encuestados afirmaron haber vivido 20 formas de amenazas y violencias por su labor y que los lugares de mayor riesgo son aquellos en los que existen proyectos extractivistas.
Una defensora, que pidió el anonimato, contó que ella y su equipo fueron perseguidos en Las Naves después de hacer un trabajo de documentación de la situación de los habitantes en esta zona minera. Los motorizados siguieron el vehículo en el que se desplazaba durante 15 minutos. “Querían asustarnos, porque si querían hacernos lo que sea, podían haberla hecho porque era una carretera de tercer orden”, dice la activista.
2. Criminalización de la protesta social. El 81% de los encuestados consideró que la protesta social es criminalizada en Ecuador. En ese mismo sentido, el 48% dijo haber sido detenido por agentes relacionados con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o el tránsito, principalmente durante marchas, protestas y movilización social. Justamente las fuerzas militares y policiales son consideradas como los principales actores que obstaculizan el trabajo de los defensores.
Por otro lado, los encuestados contestaron que los principales motivos para esa criminalización son los intereses económicos, políticos y un discurso de odio generalizado.
“En el actual régimen, los procesos contra personas defensoras están focalizados en las zonas en donde hay defensa de derechos de la naturaleza y de pueblos indígenas en contra de actividades extractivas”, sostiene el informe que mapeó cinco casos de judicialización, en contra de 126 personas defensoras, entre 2023 y 2024.
A estos casos se suman los registrados durante el último paro de septiembre y octubre, principalmente en la provincia de Imbabura. Según un informe de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, 206 personas fueron detenidas y 16 estuvieron desaparecidas temporalmente.
Este reporte indica que la Fiscalía investiga a los defensores no solo por enriquecimiento privado no justiciado sino también por el presunto financiamiento del terrorismo. En el primer caso, una persona presentó una denuncia contra 61 personas en la Fiscalía. El segundo caso, en cambio, nació tras una llamada anónima a la línea 1800 DELITO, dice el informe de la Alianza.
Una política pública en medio de una inestabilidad institucional
En octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno creó la Mesa Interinstitucional de Protección a las Personas Defensoras, que está liderada por la Defensoría del Pueblo. En 2020, esta entidad convocó a la sociedad civil para que participen en mesas de trabajo para la construcción de una política integral para este sector.
Pero cinco años después, esta política aún no se concreta. Rodrigo Varela, secretario Misional General de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, dice que uno de los principales desafíos ha sido el constante cambio de autoridades en los ministerios competentes.
La Mesa está conformada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. También la integraba la Secretaría de Derechos Humanos, que fue absorbida por el Ministerio de Gobierno, que también es parte de la Mesa. Esta cartera creó el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Ahora la Defensoría deberá coordinar con el nuevo viceministerio, que es el competente para la implementación de las políticas públicas en relación a los derechos humanos, explica Varela. Durante este tiempo, el funcionario afirma que se han realizado diagnósticos sobre la situación de los defensores que han sido puestos a conocimiento del Ejecutivo.
Según Varela, también ha existido reuniones con la Fiscalía General del Estado, “Hemos tenido avances para que la Fiscalía pueda compatibilizar su programa de atención a víctimas y testigos, y para que empiece también a proteger tanto a defensores y defensoras que se encuentran en riesgo, como a periodistas que también denuncian estar en situaciones de riesgo”, agrega.
El pasado 10 de diciembre, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Cooperación Técnica Alemana encabezaron el lanzamiento de un proyecto para el apoyo a la elaboración de la política pública para la prevención, promoción y protección de los derechos de personas defensoras de derechos humanos, ambientales y periodistas.
Felipe Asanza, representante de OACNUDH en Ecuador, dijo a Plan V que el Alto Comisionado está preocupado por el detrimento de la situación de los defensores de derechos humanos y el aumento de la violencia contra este sector.
“Entendemos que es un interés de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, de las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, el contar con estas políticas públicas para garantizar esa protección especial que menciona nuestra ley orgánica”, añadió Varela.
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Artículo originalmente publicado por Redacción Plan V (19.12.2025). URL: https://planv.com.ec/historias/derechoshumanos/informes-secretos-bloqueo-de-cuentas-y-medidas-arbitrarias-en-el-2025-se-incrementaron-los-riesgos-para-los-defensores/ (Recuperado el 26 de enero de 2026)
