Familias de los recintos Rumiñahui, Salto del Tigre, Naranjito y Santa Rosa de Naranjal, en la parroquia García Moreno, Cotacachi, Imbabura, presentaron un manifiesto denunciando una grave violación de derechos tras la invasión de la empresa minera Semperterra, nueva imagen de la empresa Terraearth Resources, responsable de crímenes ambientales y sociales en la provincia de Napo.
Las comunidades, pertenecientes al histórico Valle de Intag, aseguran que desde diciembre de 2025 ciudadanos de nacionalidad china ingresaron a su territorio con maquinaria pesada, como excavadoras y volquetas, para abrir una vía de acceso hacia una concesión minera denominada Martha Beatriz, sin autorización, documentación ni el consentimiento de la población.
Durante los trabajos a apertura de la vía se ha realizado extracción de piedra del río Naranjal y sus afluentes, provocando desde ya la contaminación de las aguas con el arrastre de gran cantidad de sedimentos, cambios repentinos en la coloración del agua e incluso el desvío del cauce natural del río.
El manifiesto señala que la concesión minera abarca más de 1.188 hectáreas y se encuentra ubicada en las nacientes del río Naranjal, una zona considerada vital para el abastecimiento hídrico local. Este río, que antes de diciembre tenía sus aguas cristalinas, era un lugar turístico y representaba una fuente de ingresos para las familias, sin embargo, hoy la empresa pone en riesgo al río, la biodiversidad y la salud de quienes habitan en esta microcuenca.
Los habitantes denuncian que ninguna institución pública ha informado ni socializado sobre el proyecto minero, menos aún se han realizado procesos de consulta a las comunidades afectadas. En el documento, señalan la violación de múltiples derechos amparados en la Constitución ecuatoriana relacionados con los derechos de la naturaleza, el acceso al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a la consulta y consentimiento previos.
Por estas razones las comunidades tomaron la decisión de defender su territorio y desde hace más de tres semanas bloquean la vía de ingreso a la concesión, impidiendo el paso de la empresa invasora. Esta decisión fue ratificada el 19 de abril en una gran asamblea comunitaria donde las comunidades resolvieron rechazar las actividades mineras y se otorgó un plazo de cuatro días para el retiro de la empresa del territorio. La reunión contó con la presencia de autoridades del GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado, en calidad de veedores.
Las comunidades también denuncian hostigamiento y amedrentamiento por parte de la empresa invasora. Afirman que el 20 y 21 de abril delegados de la empresa minera llegaron al recinto Naranjito para solicitar reuniones y posteriormente retornaron acompañados de miembros de la Policía Nacional. Las comunidades rechazaron la presencia policial, argumentando que las fuerzas del orden no deben actuar como “guardaespaldas de las empresas mineras”.
Durante una de estas visitas, los delegados presentaron un Certificado Ambiental supuestamente emitido por la Prefectura de Imbabura para un proyecto denominado “Camino de Herradura Martha”, cuyo representante legal sería Peng Yongming. Sin embargo, las comunidades cuestionan la legalidad y alcance del documento señalando que la maquinaria utilizada corresponde a trabajos de gran escala y no a un simple camino de herradura, Además, señalan que no han mantenido ninguna reunión con funcionarios de la Prefectura ni ha existido vigilancia al cumplimiento de la normativa ambiental señalada en dicho certificado.
Finalmente, el manifiesto revela que el propietario de la empresa minera Semperterra, Peng Yongming, es el mismo empresario que representa a Terraearth Resourse, empresa que “a su vez está vinculada con desastres ambientales y actos de corrupción” en Napo.
Frente a este serie de graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, ratifican su “no rotundo” al desarrollo de proyectos mineros en la zona y exigen el retiro inmediato de trabajadores, maquinaria y representantes de la empresas.
Finalmente, las comunidades solicitan la intervención urgente de las autoridades de la provincia de Imbabura y responsabilizaron a los representantes de la empresa por cualquier amenaza o atentado que pudieran sufrir dirigentes o habitantes de las comunidades firmantes.
